Admite incluirlas en las bases de cotización de la clasificación de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, abriendo el camino a reconocer su derecho a la reducción en la edad de jubilación.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado al Proyecto de Ley Reguladora de la Protección Social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero han dado sus frutos. De esta manera, el colectivo de rederas, neskatilas y empacadoras contarán en adelante con la misma regulación que otros trabajadores del sector, como el personal embarcado, una vez que la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado ha admitido la enmienda que el senador jeltzale José María Cazalis ha presentado para que fueran incluidas como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar en el grupo 3, junto a mariscadores o percebeiros, entre otros.
De la misma manera, ha quedado abierto el procedimiento de reconocimiento de estas trabajadoras a beneficiarse de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Una vez reconocido por primera vez en un Proyecto de Ley, en el momento de la entrada en vigor de la misma, el Gobierno central comenzará el procedimiento para determinar si les corresponde ese derecho, y hasta qué porcentaje les correspondería. “No tenía sentido que no tuvieran ningún tipo de reducción. Ahora va a empezar el proceso y habrá que ver hasta que reducción tiene derecho estas mujeres”, se ha congratulado el senador bizkaino.
Pese a las mejoras en el texto, el Grupo Parlamentario Vasco se ha abstenido de votar a favor del mismo, por cuanto que “aún restan dos puntos importantes que seguiremos peleando hasta el pleno”. Se trata de las enmiendas 4 y 10, la primera de las cuales se refiere a la obligación de que esta actividad constituya el medio fundamental de vida de estos sectores, para su inclusión en cualquier otro de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. Este punto podría resolverse favorablemente en el pleno del Senado, por cuanto que desde el Instituto Social de la Marina afirman que esta exigencia había sido retirada, aunque aún aparecía en el texto a debate en la Cámara Alta.
