El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado el recurso del Ayuntamiento de Donostia contra la desanexión de Igeldo y ha dejado sin efecto el decreto de la Diputación Foral que declaró la segregación de este barrio donostiarra cuando esta institución estaba gobernada por EH Bildu.
La sala de lo contencioso-administrativo de este tribunal anula y declara «disconforme a derecho» este decreto de la Diputación que «dispuso la segregación del núcleo de población de Igeldo» y «su constitución como nuevo municipio».
La sala se pronuncia de esta manera sobre el fondo de la cuestión, después de que en abril de 2014 declarara la suspensión cautelar de la decisión de la Diputación, lo que permitió que Igeldo siguiera siendo un barrio de la capital guipuzcoana.
Además de la Diputación de Gipuzkoa en este procedimiento judicial también ha sido demandada la asociación Itxas Aurre, como promotora de la desanexión de Igeldo.
El tribunal considera que el Decreto foral 46/2013 inaplica el artículo 7.1. de la Norma foral 2/2003 de Demarcación municipal en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, cuando señala que la segregación de parte del territorio, uno o varios municipios para constituir otro independiente, «podrá realizarse cuando existan motivos permanentes de interés público» y los municipios resultantes «cuenten con una población superior a los 2.500 habitantes de derecho».
Respecto al motivo de interés público justificativo de la constitución de Igeldo como municipio, es decir, la voluntad de los igeldotarras expresada en la consulta, sentencia recuerda que según la jurisprudencia, «la voluntad mayoritaria de un grupo de vecinos de segregar la parte del territorio de un término municipal en el que residen no es por si sólo determinante de la resolución de la Administración».
Argumenta, así, que la participación vecinal en consultas como la celebrada en Igeldo es «no vinculante» y sus resultados no pueden interpretarse «desde perspectivas electorales o plesbicitarias de mayorías relativas de electores favorables».
La Diputación de Gipuzkoa, gobernada por PNV y PSE/EE, ha anunciado que no recurrirá la sentencia.
