Una investigación a cargo de la Ertzaintza, emprendida en 2015, ha conseguido la detención de siete miembros de una supuesta asociación de usuarios de cannabis que manejaba un volumen anual de negocio que alcazaba el millón de euros.
Se han intervenido treinta kilogramos y tres mil plantas de marihuana en cultivos localizados en Gipuzkoa.
El dispositivo policial comenzó en 2015 al detectarse un aumento de consumidores en torno a una asociación ubicada en el barrio de Gros. Fue entonces cuando se puso en marcha el operativo y se abrió investigación.
Se pudo confirmar realmente un aumento del número de consumidores, sobre todo de marihuana, que acudían a una supuesta “asociación cannabica” . La organización está relacionada con una empresa holandesa dedicada a la comercialización de semillas de marihuana y a la explotación de una cadena de locales de consumo de esa sustancia en Amsterdam.
En febrero de este año, se realizaron varias entradas y registros en la sede de la citada asociación, en tres pabellones situados en Zestoa y Zarautz, así como en un domicilio particular.
Tras las inspecciones en estos lugares, se incautaron 8 de kilos de marihuana, 1,2 kg de hachís y más de ocho mil euros en efectivo, encontrados en el local de Gros. Se desmantelaron también grandes plantaciones en naves industriales que contenían un total de 2.900 plantas en diferente estado de crecimiento, que garantizaban una producción continua de marihuana. Además, del hallazgo de otros 11 kilogramos de esta sustancia preparada para su distribución.
El pasado mes de junio, la autoridad judicial ordenó un nuevo registro en el establecimiento de Gros. En esta ocasión fueron incautados otros 10 kilos de marihuana y veintitrés mil euros. Además, se decretó la clausura temporal del mismo.
El cultivo y distribución de esa planta generaba para la organización un volumen económico anual cercano al millón de euros. El caso policial sigue abierto. Hasta el momento siete personas han pasado, como investigadas, a disposición judicial bajo la acusación de un delito contra la salud pública.
