La Guardia Civil de Ciudad Real, en el marco de la operación PREVEO, ha procedido a la detención de 75 personas y a la investigación de otras 29, como presuntas autoras de un fraude masivo en la solicitud de ayudas del plan PIVE. Los agentes tratan ahora de determinar la responsabilidad de otras personas en estos hechos.
Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2015, a raíz de la denuncia de un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), en el que manifestaba que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por un vehículo que había entregado para su baja definitiva en un centro de tratamiento de residuos.
Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil detectó anomalías en la tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días de la misma, todo ello sin consentimiento del denunciante, por lo que se llevó a cabo una inspección en ese establecimiento.
En el transcurso de esta inspección se descubrieron varias irregularidades y se intervino la documentación de más de 350 vehículos entregados en este centro para su baja definitiva, sospechando que con todos ellos se habrían realizado actuaciones similares a la denunciada.
Fruto del primer análisis de la documentación intervenida, los agentes pudieron constatar que los documentos de los vehículos entregados para su baja estaban siendo utilizados para obtener ayudas públicas para la compra de vehículos nuevos, beneficiándose fraudulentamente del Plan PIVE, destinado a la renovación del parque automovilístico nacional para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.
Para beneficiarse de esta ayuda, cuyo importe variaba con arreglo a las bases de cada convocatoria, era necesario dar de baja un vehículo propio con una determinada antigüedad, sin que se exigiera un tiempo mínimo en la titularidad del vehículo entregado hasta marzo de 2015, fecha a partir de la cual, con el Plan PIVE- 7 se requería que la titularidad fuese mínimo de un año.
Por tal motivo, la Guardia Civil procedió a tomar declaración individualizada a los antiguos propietarios de los vehículos que aparecían en la documentación que había sido intervenida en el desguace, los cuales estaban convencidos de que sus vehículos habían sido dados de baja al entregarlos en el mismo.
Asimismo, se cotejó la documentación intervenida con los registros en las distintas Jefaturas Provinciales de Tráfico en las que había sido tramitada, poniendo al descubierto que las firmas de los contratos de compraventa y otros documentos necesarios para realizar las transferencias habían sido falsificadas para simular la intervención de la persona que había entregado el vehículo en el desguace. Igualmente, se detectó la falsificación de la firma de alguna persona ya fallecida.
Beneficio de las ayudas
El vendedor del vehículo nuevo ofrecía al comprador la posibilidad de transferir a su nombre un vehículo que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del Plan PIVE, para beneficiarse de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante del vehículo.
En algunas ocasiones, los concesionarios enviaban a los compradores a un determinado desguace para que compraran la documentación de un vehículo viejo, por las que llegaban a pagar entre 150 y 400 euros.
Una vez recopilada la documentación necesaria, el concesionario la remitía a la gestoría con la que trabajaba, donde se falsificaban las firmas de los contratos de compraventa y los documentos de transferencia para presentarlos a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, manteniendo la titularidad del comprador del vehículo usado apenas tres días, durante los que se tramitaba la solicitud de las ayudas del Plan PIVE, solicitándose la baja definitiva del vehículo posteriormente.
Entre los detenidos se encuentran 44 personas físicas que obtuvieron ayudas públicas mediante este sistema, imputándoseles un delito de estafa; otras 11 están relacionados con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres, a quienes se les imputan también el mismo delito y en algunos casos de falsificación de documentos y otras 20 son titulares, gerentes o trabajadores de gestorías, a quienes se les han imputado los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos como medio para cometer el delito de estafa.
Los detenidos en la provincia de Ciudad Real son vecinos de La Solana –15 detenidos y 1 investigado–, Vadepeñas –5 detenidos–, Ciudad Real –9 detenidos y 8 investigados-Tomelloso –9 detenidos y 3 investigados–, Manzanares –8 detenidos y 2 investigados–, Membrilla –4 detenidos- y Alcazar de San Juan –3 detenidos y 1 investigado– Fuente el Fresno –2 detenidos–, Bolaños de Calatrava –2 detenidos–, Puertollano –2 detenidos-Fuenllana –1 detenido–, Almadén –1 detenido–, Carrión de Calatrava –1 detenido–, Pozuelo de Calatrava –1 detenido–, Villarta de San Juan-1 detenido–, Torrenueva –1 investigado–, Pedro Muñoz –1 investigado– y Santa Cruz de Mudela –1 investigado–.
En Madrid hay 5 detenidos y 1 investigado, en Córdoba 3 detenidos y 1 investigado, en Lugo 3 detenidos y 2 investigados, en Jaén 1 detenido, en La Carolina (Jaén) 1 detenido, en Errentería (Gipuzkoa) 1 detenido y 1 investigado, en Guadalajara 1 investigado, en Gálvez (Toledo) 1 investigado y en Almería 1 investigado.
