El Ayuntamiento de Donostia devolverá a 162 donostiarras el llamado impuesto de plusvalía. Así lo ha explicado el concejal de Hacienda y Finanzas, Jaime Dominguez-Macaya, que ha comparecido en sala de prensa para dar cuenta de las decisiones adoptadas por el departamento en relación al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, también conocido como impuesto de plusvalía.
Según ha explicado Dominguez-Macaya, «desde que el Tribunal Constitucional declaró en febrero nula la forma en la que se liquidaba este impuesto, el Ayuntamiento tiene que resolver 650 recursos por liquidaciones de transmisiones anteriores a la sentencia. Todos ellos han sido atendidos por una unidad específica creada para examinar todas y cada una de las reclamaciones relacionadas con este impuesto. Además, se paralizó la tramitación de las nuevas transmisiones que se han generado tras la sentencia, 930 hasta la fecha, hasta que las Juntas Generales, competentes en la materia, no aprobaran una nueva norma que recogiera lo dispuesto en dicha sentencia».
Una vez que el nuevo Decreto Foral-Norma 2/2017ha establecido que la devolución de lo de lo recaudado no sería aplicable a liquidaciones previas a la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que fueran firmes y consentidas, el Ayuntamiento de Donostia ha comenzado a responder a los recursos y va a iniciar la devolución del importe de aquellas que se ajusten a lo establecido por la sentencia.
De este modo, de los 650 recursos anteriores a la sentencia, que corresponden a 1.166 liquidaciones, el Consistorio estimará 162 liquidaciones, en 40 no hay datos suficientes para pronunciarse, y las 964 restantes se van a desestimar. Teniendo en cuenta que cada liquidación asciende a 1.000 euros, el concejal de Hacienda y Finanzas ha estimado que «el Ayuntamiento tendrá que devolver entre 162.000 y 202.000 euros».
En lo que a las 930 transmisiones posteriores a la sentencia se refiere, el Ayuntamiento ha analizado ya 300, de las cuales solo 8 tienen una clara minusvalía, en 25 no se disponen de datos suficientes, y el resto tienen plusvalía y por lo tanto se liquidarán. Si extrapolamos estos resultados, la pérdida anual de financiación del ayuntamiento por los nuevos criterios en la liquidación de las plusvalías se puede cifrar entre 400.000 y 1.200.000 euros.
Jaime Dominguez-Macaya ha explicado cual es el criterio que se aplica para determinar si ha existido plusvalía: “Comparamos los precios de adquisición de las dos escrituras, teniendo en cuenta que en ambos casos son precios netos –sin impuestos-, y que el precio de la escritura “de compra” no se actualiza. Además, sobretodo en el caso de las herencias y las donaciones, analizamos la coherencia del precio que aparece en la escritura con el valor catastral del bien”.
