La asociación judicial Jueces para la Democracia ha destacado este jueves que los tribunales españoles están llevando a cabo una «actuación diligente y proporcionada» en el caso de Juana Rivas y ha denunciado «las descalificaciones efectuadas a los tribunales españoles» y «las evidentes presiones desde el ámbito político pidiendo la inejecución de las resoluciones judiciales» en el caso de la madre de Maracena.
Recuerdan en un comunicado difundido este jueves, que los órganos judiciales no pueden decidir no ejecutar lo juzgado porque «precisamente están obligados por la Constitución a ello», y no se debe minimizar «el incumplimiento de las resoluciones judiciales».
Las decisiones de los tribunales no obedecen a «un decisionismo arbitrario, a la despreocupación por los menores, y a la ignorancia de las normas nacionales o internacionales aplicables».
La asociación judicial ha pedido «mesura y ponderación, especialmente en los responsables públicos, al expresar opiniones o ideas» en torno a este caso cuyas resoluciones, sea como sea, también están sujetas a la «crítica» en el marco de «la libertad de expresión y opinión que garantiza nuestra Constitución».
Jueces para la Democracia ha hecho hincapié en el «goteo incesante» de noticias relacionadas con el caso de Juana Rivas quien, ha recordado, contraviene el régimen de guarda y custodia de sus hijos, de once y tres años, cuando «decide regresar» en mayo de 2016 a España con ellos e «intenta accionar» ante las autoridades judiciales de este país un cambio del mencionado régimen de guarda y custodia, establecido conforme al ordenamiento italiano.
Lo hace con fundamento en hechos «que califica de malos tratos», ocurridos también en Italia, ha recordado Jueces para la Democracia, que ha citado el auto de la Audiencia Provincial de Granada, de fecha 9 de agosto de 2017, que explica cómo el procedimiento central del caso es iniciado a instancia del Abogado del Estado, quien actúa porque la autoridad central italiana reclama que se reintegren los hijos al padre, en virtud del Convenio de La Haya para casos de supuesta sustracción de menores.
En este procedimiento se oye al menor de once años, se da audiencia a la madre y se solicita y emite informe psicológico de los servicios correspondientes de los Juzgados de Granada, cuyo autor examina a ambos menores, y emite dictamen en el que «no aprecia que exista riesgo para los menores», ha agregado la asociación, que ha subrayado que «respecto de hechos de relevancia penal ocurridos en Italia en los últimos años, no parece que pueda asumir competencia alguna la jurisdicción española».
