Siete juzgados han abierto diligencias para investigar la actuación de los Mossos d’Esquadra que, desobedeciendo resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no impedían este domingo la votación del referéndum de independencia y no cumplían la orden expresa de clausurar los colegios electorales antes de las 6 de mañana e incautarse del material preparado para la consulta.
Las diligencias las han abierto, en unos casos de oficio y en otros a raíz de denuncias de ciudadanos y particulares, juzgados de Barcelona, El Vendrell (Tarragona), La Seu d’Urgell (Lleida), Lleida y las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de Gramenet y El Prat de Llobregat (Barcelona).
Además, el juzgado de Barcelona ha abierto diligencias a raíz de una denuncia de la Generalitat contra la Policía Nacional y la Guardia Civil por su actuación en los puntos de votación del referéndum.
El viernes se acordaba que los Mossos d’Esquadra fueran los responsable de cerrar los colegios electorales a las 6 de la mañana. Los Mossos empezaron a hacer acto de presencia aproximadamente unos 45 minutos después de las seis de la mañana. En algunos de los centros ni siquiera se presentaron y donde lo hicieron fueron en patrullas de dos o cuatro agentes. La falta de efectivos se encontraba en la decisión del Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, de destinar al cumplimiento de esta orden del Tribunal, solo a un tercio de la plantilla del cuerpo.
Los agentes de la policía catalana tenían orden de actuar de “forma proporcionada” y de no forzar la disolución de la gente que pudiera haberse congregado en los centros electorales, si superaban en número a las 20 personas.
Así que la tónica general de la actuación de la policía autonómica fue acercarse a las personas congregadas, pedir permiso para entrar en el colegio y ante su negativa, marcharse.
Algunos agentes que si intentaron cumplir las órdenes del Tribunal catalán tuvieron serios problemas y pidieron refuerzo de sus compañeros. Ante situaciones de gran tensión recurrieron a solicitar la ayuda de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Los efectivos de estos dos cuerpos, desplegados en operación especial en Cataluña desde varios días atrás, tomaron el relevo de los Mossos y se dirigieron a los centros electorales con la orden de requisar urnas y papeletas para que no pudiera efectuarse la consulta.
Los miles de personas congregadas y esperando para poder votar, opusieron resistencia evitando la entrada de los efectivos a los colegios lo que provocó infinidad de incidencias y cargas policiales que ocasionaron varios heridos entre los agentes y centenares entre la población.
Según el Gobierno de la Generalitat un total de 844 personas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos. Entre ellos se encontraban dos hombres en estado grave. Uno de ellos tuvo que ser operado de un ojo tras recibir el golpe de una pelota de goma, y el segundo, un hombre de 70 años, que sufrió un infarto en plena calle en medio de los altercados.
Por su parte la Fiscalía ha anunciado que evaluará la forma de proceder de los Mossos d’Escuadra durante la jornada del 1-0 y sindicatos policiales han puesto de manifiesto su intención de emprender acciones legales contra el jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y sus mandos por su «escandalosa» actuación y «vergonzosa ligereza» para impedir la celebración del referéndum.
La policía catalana se defendía ayer de estas acusación y volvía a difundir dos mensajes en su cuenta de Twitter sosteniendo que sus actuaciones «continúan basándose en el cumplimiento de la orden judicial de manera proporcional y garantizando la seguridad ciudadana».
