Según un informe informe presentado ayer en Donostia por el experto forense y profesor de la Universidad del País Vasco Francisco Etxeberria, la Guardia Civil estuvo implicada en 1.792 casos de tortura, la Policía Nacional en 1.785 y la Ertzaintza en otros 336. No obstante, asegura que la incidencia real fue mucho mayor, ya que no se han podido acreditar muchos episodios de la época de la dictadura.
Este estudio forma parte de una de las iniciativas del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 del Gobierno Vasco, que presentó un avance del trabajo en febrero de 2015, cuando se habló de 3.587 casos denunciados.
Una vez concluido el informe, la conclusión es que se han documentado 4.113 casos denunciados en la Comunidad Autónoma Vasca, de los que el 17 % corresponden a afectados que han dicho ser objeto de malos tratos en más de una ocasión, por lo que el número total de víctimas identificadas asciende a 3.415 personas.
Etxeberria ha aclarado, no obstante, que aún quedan pendientes de análisis 454 expedientes y que, además, sólo 1.081 denuncias corresponden al periodo de la dictadura y los primeros años de la transición hasta 1978, mientras que la «práctica generalizada de la tortura en esa época señala que su dimensión fue mucho mayor».
Para elaborar estas conclusiones, el equipo liderado por Etxeberria ha analizado y archivado más de 26.113 documentos y ha recabado 500 testimonios directos de víctimas de tortura y malos tratos, a los que se suman otros recopilados con anterioridad en audio y en vídeo hasta alcanzar las 1.027 declaraciones de afectados.
El informe señala que los métodos de tortura fueron evolucionando a partir de principios de los años 90 desde el daño físico (asfixia en una bañera, aplicación de electricidad y palizas, entre otros) hasta otro tipo de malos tratos «más difíciles de detectar en exámenes forenses» como «maniobras de asfixia como la bolsa, posturas forzadas o ejercicios extenuantes, amenazas y humillaciones, desnudos forzados y vejaciones sexuales».
El estudio señala asimismo la negación «sistemática» de la práctica de la tortura por parte de las autoridades y recuerda que el Comité contra la Tortura condenó a España por indultar a agentes condenados (el 60 % de los sentenciados por el Tribunal Supremo), ya que estas medidas de gracia «son incompatibles con el deber de prevención y son contrarias al sentido de la reparación».
También ha subrayado que, aunque existen denuncias contra la Ertzaintza, el estudio demuestra que este cuerpo «ha promovido estructuralmente un modelo preventivo que ha sido positivamente valorado por todas las instituciones supervisoras y de derechos humanos que lo han analizado».
