El Tribunal Constitucional ha invalidado el Real Decreto que establecía una ayuda a parados de larga duración de 426 euros, debido a que consideran que invade competencias autonómicas. No obstante, ello no supone anular el pago, sino dejar la gestión del mismo en manos de los ejecutivos autonómicos.
El alto tribunal le ha dado la razón al Gobierno Vasco en su recurso contra el Real Decreto que regula el Programa de Activación para el Empleo, que prevé una ayuda extraordinaria de 426 euros para desempleados sin protección, y lo ha anulado porque invade competencias autonómicas.
De esta forma, el Tribunal Constitucional apoya los pagos y no los anula, sino que los mantiene, pero concediendo competencias a las comunidades autónomas sobre su gestión. Así los pagos no se verán afectados, sino solamente las competencias sobre ellos, y los beneficiarios de los mismos mantendrán su derecho al cobro.
