Un empresario de la construcción ha sido condenado a cuatro años de cárcel y a pagar una multa de casi 21 millones de euros por cometer un delito contra la Hacienda foral de Gipuzkoa, a la que deberá compensar con casi diez millones y medio de euros, más los intereses de demora.
Los hechos se corresponden al ejercicio fiscal de 2006, año en el que el encausado montó un complejo entramado “societario y contable” entre varias de sus firmas en las que realizó distintas “operaciones de escisión”, contratos de “préstamos participativos” y actuaciones contables “sin respaldo económico alguno” con la “clara intención de eludir el pago” de los impuestos que le correspondían.
Por estos motivos, la resolución judicial condena a cuatro años de prisión al procesado como responsable de un delito contra la Hacienda de Gipuzkoa, le impone una multa de 20.991.172 euros, y le obliga a compensar a la institución foral con 10.495.586 euros más los correspondientes interese.