Después de que la abogada del Estado presentara una acusación por ‘desvío de fondos’ en las obras de construcción de la lonja de Pasaia, que calculó en 4,9 millones de euros, la Fiscalía ha decidido pedir el archivo de la causa.
La fiscal guipuzcoana encargada del caso ha decidido, tras estudiar varios informes técnicos, solicitar su archivo al no encontrar indicios de delito penal en unas obras que superaron en presupuesto y plazo de ejecución lo acordado cuando se contrataron.
El caso se abrió en 2016, cuando la abogada de Estado y consejera del Puerto de Pasaia Macarena Olona presentó ante la Fiscalía unos informes con los que justificaba su acusación. Entre sus argumentos figuraba que se había superado ampliamente el plazo de 26 meses en el que estaba establecida su finalización y que se habían invertido casi cinco millones de euros más.
Tras analizar la información recibida, la fiscal guipuzcoana decidió presentar ante el juzgado una denuncia por “posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, estafa, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos”. Asimismo, el interventor del Estado en Gipuzkoa también presentó ante el Tribunal de Cuentas del Estado un informe en el que hacía constar irregularidades en la construcción, por lo que solicitaba una investigación. No obstante, el Tribunal de Cuentas del Estado, decidió no continuar con el caso.
El entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Ricardo Peña, admitió que habían existido irregularidades en las obras de edificación de esta infraestructura, pero negó en todo momento un carácter penal del caso, puesto que afirmó que nadie se enriqueció con estas obras.
Las informaciones oficiales apuntan a que los sucesivos contratiempos comenzaron a elevar los costes hasta un significativo 32%, un hecho que tiene pendiente de depurar responsabilidades.
