Para muchos, la época de los estudios es la más despreocupada de toda la vida, mientras que hay algunos que la asocian con algunos recuerdos no tan agradables. Dichos recuerdos se relacionan, muchas veces, con la necesidad de memorizar datos de materias que no son de nuestro interés. No obstante, es bueno saber que para este tipo de problemas también hay una solución en Internet. Si le interesa descubrir más sobre el tema, haga clic para investigar.
Sin embargo, los estudios son, sin duda, un período con menos preocupación y problemas en comparación con la vida laboral, que viene después. Esta nos trae problemas e inquietudes a diario que a veces no son tan fáciles para combatir. Así, por ejemplo, alrededor de quinientos científicos de la Universidad de Zaragoza, Aragón, han apoyado un manifiesto que exige del Gobierno Español que excluya la investigación de la ley de contratos públicos. Dicha ley dificulta la labor de los expertos, puesto que según ella queda prohibido gastar más de 50.000 euros por proveedor, y esto obstaculiza las compras sencillas de material obligatorio para estos trabajos.
En la Universidad mencionada trabajan unos 3.500 profesores e investigadores. Entre ellos, últimamente han sido reconocidos 170 equipos de investigadores. Sin embargo, no es fácil ser precisos en cuanto a la cifra de proyectos o científicos que se ven afectados por esta ley.
En febrero de 2017 se creó por parte de la institución académica el Foro para la Innovación y Mejora de la Contratación. Este órgano ha analizado recientemente las restricciones que se encuentran en la nueva ley de contratos públicos.
De igual modo, se ha producido un bloqueo en la investigación a causa de esta nueva ley. Dicho bloqueo ha recibido críticas por parte de José Antonio Mayoral, el rector del campus aragonés y por parte de Pilar Alegría, la consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón.
Del mismo modo, cabe mencionar la organización sin ánimo de lucro, Crue Universidades Españolas que une alrededor de 76 campus públicos y privados de España, entre ellos el campus de Zaragoza. Dicha asociación ha pedido que el Gobierno español analice las reformas de la ley que dejen establecer una manera especial para aplicar dicha ley sin tener que disminuir el control de los gastos. Como una posible solución, esta organización pidió que se aplazara la entrada en vigor de esta norma.
En resumen, para que ambas partes queden beneficiadas, quizás habría que volver a establecer la ley, introduciendo ciertos cambios que estuvieran a favor de los investigadores, pero que a la vez no perjudicaran las instituciones.
