El Gobierno desarrollará una Ley de vivienda para «poner fin» a la venta de vivienda pública a fondos buitre. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que tienen previsto va a desarrollar una ley que prohíba este tipo de transacciones. Sánchez ha asegurado que al Ejecutivo «no le va a temblar la mano» para que las administraciones que están detrás de este «intolerable» abuso que ha afectado «a tantas personas humildes» asuman sus responsabilidades políticas y económicas.
En concreto, ha señalado que en el caso de la Comunidad de Madrid, la Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto contra esta Comunidad en el juzgado de instrucción por la venta a fondos buitre de 5.000 viviendas de alquiler social hecha por gobiernos del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
«No nos va a temblar la mano para que las administraciones que están detrás de este intolerable abuso, que ha afectado a tantas personas humildes, sin recursos, asuman sus responsabilidades políticas y económicas», ha explicado Sánchez en la sesión de control en el Congreso de los Diputados.
El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), del Gobierno regional madrileño, vendió 2.935 viviendas sociales en alquiler en 2013, mientras el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), vendió 1.860 viviendas del mismo tipo en 2012. Sánchez ha indicado también que la ley de vivienda que pretende sacar adelante «va a responder a la función social de la vivienda, configurando la vivienda social como un servicio público», y pondrá fin a «la venta de la vivienda pública a los fondos buitre».
El presidente del Gobierno ha hecho el anuncio durante una respuesta parlamentaria al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha subrayado que hay «datos alarmantes» en los precios del alquiler. Según Iglesias, en el último lustro el precio medio de los arrendamientos en España ha aumentado un 19%, especialmente por los incrementos «preocupantes» en las grandes ciudades, como el 38 % en Madrid y el 48 % en Barcelona. En el primer semestre el precio medio del alquiler en España ha subido 300 euros y los desahucios por impago del alquiler representan ya seis de cada diez, ha señalado Iglesias antes de instar a «intervenir».
Fin a los privilegios de las socimis
«Nosotros votamos a favor de su candidatura para ser presidente del Gobierno para poder intervenir sobre estas cosas«, ha dicho Iglesias, quien ha enumerado algunas «propuestas» para que los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidos Podemos puedan llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
En primer lugar, «acabar con los privilegios de las socimis, sociedades mercantiles que operan en el mercado inmobiliario y que tributan al cero por ciento». La segunda medida expresada por Iglesias es «que hay que obligar de una vez a los grandes tenedores y a los fondos buitre, a los que tengan más de diez viviendas, a que las pongan en el mercado».
«En tercer lugar, y más importante, es fundamental dar competencias a los ayuntamientos para que puedan declarar determinadas áreas urbanas como de mercado tensionado y se pueda regular el precio del alquiler», ha dicho el líder de Unidos Podemos. Iglesias ha concluido que «en este país hay mucha gente que se esfuerza mucho para pagar el alquiler y se merecen un Gobierno que les proteja».
A pesar de esta aparente cruzada contra los fondos buitre y las socimis, lo cierto es que el ministerio de Fomento necesita de ellos para poder llevar a cabo su plan de poner en el mercado 20.000 viviendas en alquiler que permitan hacer frente a la fuerte subida de precios en determinadas ciudades.
Tal y como han adelantado varios medios, la cartera que dirige José Luis Ábalos está estudiando financiar con dinero público la reforma de viviendas en manos de bancos, fondos de inversión o socimis. A cambio, deberán alquilar las viviendas reformadas a precios por debajo de los del mercado.
