El Gobierno de Pedro Sánchez no sólo va a subir el IRPF a las rentas altas y fijar un tipo mínimo en Sociedades, sino que también elevará la presión sobre las rentas del ahorro, esto es, gravará más los ingresos por dividendos e inversiones financieras, y las ganancias patrimoniales.
Así lo confirmó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo departamento está trabajando «en la totalidad del IRPF», tanto en las rentas de trabajo como en las de ahorro. «Probablemente ambas se van a ver afectadas. Que una persona cuyo IRPF proceda íntegramente de las rentas de capital [en referencia a la rentas de ahorro] se pueda también ver repercutida por esta reforma fiscal y no sólo los asalariados o los que trabajan por cuenta ajena», explicó Montero en una entrevista concedida a RNE.
Las actuaciones forman parte de las negociaciones que el Gobierno está llevando a cabo con Podemos, y en la que también se está valorando la eliminación de los beneficios fiscales de los planes de pensiones privados. Ésta es una demanda de la formación que dirige Pablo Iglesias, y de llevarse a cabo provocaría que las aportaciones a estos productos dejasen de desgravar en la declaración de la renta.
El razonamiento que Podemos hace para exigir la supresión de este beneficio, y con el que el Gobierno parece coincidir, es que sólo favorecen a las rentas más altas ya que son las únicas que se pueden permitir un plan de pensiones. Si finalmente se lleva a cabo, el Ejecutivo de Sánchez irá justo en la dirección contraria que el Gobierno de Rajoy, que en una de sus últimas medidas económicas creó una ley para que las aportaciones a los planes se puedan recuperar a los 10 años con el objetivo de fomentar este tipo de productos.
Por otra parte, Montero explicó también que la subida del impuesto que grava el diésel tendrá un impacto de «3,3 euros al mes» para el conductor medio que realiza unos 15.000 kilómetros al año. Quedarán exentos de esta subida los conductores profesionales como transportistas o taxistas, situación que no deja de ser paradójica porque son los grupos que más contaminan y lo que el Gobierno pretende con este incremento es, según dice, reducir las emisiones y colaborar en que las próximas generaciones disfruten de un «planeta verde».
Y en cuanto al impuesto de Sociedades, además de la citada imposición de un tipo mínimo del 15%, el Gobierno también quiere reducir del 25% al 23% el tipo nominal que pagan las pequeñas empresas que facturan menos de un millón de euros. Según las estimaciones de Hacienda, la rebaja afectaría a 350.000 empresas y tendría un coste de 260 millones para las arcas del Estado.
