La Diputación ha desgranado el contenido de la Norma Foral de Participación Ciudadana, ya en vigor, que posibilitará que la ciudadanía y los distintos agentes de Gipuzkoa puedan intervenir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas forales a través de mecanismos de participación directa. “Gipuzkoa ya fue pionera en la apuesta por hacer de la participación uno de los pilares de la buena gobernanza con la Norma Foral que se aprobó en 2010, que fue modelo para muchas otras instituciones, y ahora actualizamos y flexibilizamos la misma introduciendo importantes mejoras, para seguir construyendo un futuro a la medida de todos y todas”, ha explicado el diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad.
La Norma blinda el derecho a participar en las cuestiones que son competencia de la Diputación, o en cualquiera en los que ésta participe a través de colaboración técnica o financiera y que tengan una importante repercusión en el territorio. Este derecho lo tendrán todas las personas empadronadas en Gipuzkoa y que hayan cumplido 16 años; las entidades sin ánimo de lucro; asociaciones, fundaciones, sindicatos, asociaciones empresariales, colegios profesionales, corporaciones de derecho público u otro tipo de entidades; y, como novedad, plataformas, foros y redes ciudadanas sin personalidad jurídica.
Todas ellas tendrán el derecho a exigir la puesta en marcha por parte de la Diputación de procesos de deliberación participativa o de consultas populares. En el caso de la ciudadanía, deberán representar, al menos, el dos por ciento de las personas del conjunto del territorio o del municipio o comarca que resulte afectada por la decisión o política en cuestión. También podrán ejercer este derecho los entes locales afectados por la política o decisión a adoptar por las instituciones forales, tanto de forma individual como conjuntamente con otra u otras entidades locales. En el caso de que la Diputación no se acoja, total o parcialmente, a los resultados de los procesos participativos, estará obligada a motivar su decisión, precisando, en detalle, las razones.
Asimismo, con los mismos requisitos, las personas o entidades ciudadanas podrán solicitar la participación en la elaboración de las Normas Forales cuando consideren que inciden de forma especial en su ámbito de actuación o de intereses, así como exigir la elaboración nuevos anteproyectos de normas forales. La Diputación deberá establecer formas de participación ciudadana al elaborar normas forales que tengan como objeto cuestiones de “especial relevancia”.
Una de las principales novedades de la Norma es que establece la obligatoriedad de abrir procesos para que la ciudadanía y las entidades puedan participar en la elaboración de los presupuestos de la Diputación, un ejercicio que “ya se viene realizando de forma exitosa pero que ahora estará garantizado por ley”. Además, el Consejo de Gobierno deberá determinar en adelante el porcentaje o cuantía y las partidas de gastos que se reservarán para su determinación a través del procedimiento de Presupuestos Participativos.
La igualdad de género es otra de las áreas impulsadas, al introducirse medidas para fomentar y garantizar la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, de forma “real y efectiva”. En todos los procesos participativos, cada sexo deberá estar representado, al menos, por el 40% de quienes participen. La Diputación establecerá formas de participación en todas aquellas normas forales que tengan un impacto de género, es decir, un alto impacto en el acceso y control de los recursos por parte de mujeres y hombres. Garantizará además servicios que permitan la conciliación entre el desarrollo de los procesos participativos y las obligaciones familiares.
La Norma incorpora también la importancia de las nuevas tecnologías para impulsar la participación. Se utilizarán de forma activa las tecnologías y plataformas de comunicación social, especialmente a través de la configuración de espacios interactivos en la red, así como mediante la promoción de sistemas de votación y encuesta de carácter electrónico, garantizando la transparencia y el derecho a la información.
Según ha adelantado Lasa, se impulsará en la página web un espacio donde se puedan presentar ideas, opiniones sugerencias, y foros de debate sobre procesos participativos en marcha y similares, y a principios de año se pondrá en marcha una plataforma tecnológica para la participación on line que estará también a disposición de los 89 ayuntamientos del territorio-. En todo caso, la Diputación tendrá en cuenta la existencia de personas y colectivos sociales con dificultades para el acceso y la utilización de las tecnologías, por lo que utilizará, simultáneamente, otros medios que garanticen la accesibilidad a la información.
La evaluación tendrá una gran importancia, ya que sobre la base de las opiniones e informes recabados, en todos los procesos se elaborarán unas conclusiones en las que señalarán los aciertos y los defectos que, en su caso, se hayan manifestado, así como las propuestas de mejora. “La ciudadanía no solo exige participar, sino que quiere una respuesta, y conocer de qué forma se incorporan sus peticiones y aportaciones a las políticas de la Diputación. La participación es un área de aprendizaje permanente, de ahí la relevancia de los mecanismos de evaluación”, ha señalado Lasa. También se agilizan los procedimientos establecidos respecto a la Norma Foral aprobada en 2010, y se introduce la necesidad de utilizar un lenguaje más “sencillo y comprensible” en los procesos.
Amplio consenso
La propia Norma se ha gestado con una “amplia participación”, recibiendo las aportaciones de cuatro paneles compuestos por miembros de Consejos y Foros de Gipuzkoa, por Ayuntamientos, por entidades sectoriales y por personas expertas. Siguiendo las recomendaciones de las Juntas Generales, el gobierno foral introdujo 88 modificaciones, tras lo cual los grupos junteros presentaron un total de 73 enmiendas, 52 por parte de Podemos-Ahal Dugu, y 21 por parte de EH Bildu, entre ellas una a la totalidad.
Lasa ha recordado que 45 de estas enmiendas fueron aceptadas, por lo que la Norma salió adelante con el apoyo de todos los grupos políticos, a excepción de EH Bildu. Lasa ha valorado “muy positivamente” el grado de acuerdo alcanzado y el trabajo realizado “para mejorar la Norma”, al tiempo que ha agradecido especialmente la “actitud abierta y constructiva de la representante de Ahal Dugu-Podemos, demostrando que la participación ciudadana y la nueva gobernanza son apuestas que está por encima de los partidos políticos y que, independientemente de las discrepancias ideológicas, se puede y se debe priorizar las demandas, intereses y exigencias de la ciudadanía. Lamentamos no poder decir lo mismo de EH-Bildu”, ha concluido.
