Celaa, la ministra socialista, ha encendido los ánimos al afirmar que es dudosa la legitimidad de los padres de elegir libremente el colegio de sus hijos.
El murmullo que se escuchó ayer en el XV Congreso de Escuelas Católicas cuando la ministra de Educación negó que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo sea “parte de la libertad de enseñanza”, ha desatado en pocas horas un “tsunami” de reacciones políticas y sociales.
Tanto es así que a última hora de la tarde el Ministerio de Educación tuvo que salir al rescate de Isabel Celaá con un inusitado comunicado de perfil técnico en el que reiteraba lo dicho por la mañana: “Se han vertido críticas que desconocen interesadamente que la posición expresada por la ministra es exactamente la que está establecida por la ya antigua sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981 en el recurso deinconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares”.
Así, Educación interpreta de la sentencia que “el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir es distinto del derecho a elegir centro docente”. De esta manera, el Ejecutivo parecía responder al secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien poco antes había dejado caer que confiaba en que la reflexión de la política socialista hubieses sido “un lapsus”, puesto que, “de no ser así, supondría un giro de extraordinaria gravedad para la libertad de enseñanza”.
