El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa ha aprobado abrir un expediente de responsabilidad patrimonial directa a Errazkin e Intxaurrandieta, antiguos gestores de Bildu que paralizaron la construcción de la incineradora en noviembre de 2013.
El objetivo del expediente es «exigir las posibles responsabilidades por los daños y perjuicios causados». Según PNV-PSE, actuales responsables de la incineradora, paralizar su construcción ocasionó un daño económico de más de 41 millones de euros.
