La revisión del salario mínimo, prevista en el Estatuto de los Trabajadores, tendrá que esperar. El Consejo de Ministros ha decidido aplazar la decisión hasta que se forme el futuro Gobierno, aunque se ha comprometido a que la revisión tenga carácter retroactivo.
La consecuencia de ésto, es que se incumple, de esta manera, lo previsto en el artículo 27.1 del Estatuto que regula las relaciones laborales, que obliga al Ejecutivo, normalmente en la última reunión del año, a revisar su cuantía (una vez escuchados los sindicatos y los empresarios) en función de cuatro criterios: la evolución del IPC, la productividad, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
Esto significa que el salario mínimo queda congelado en 900 euros mensuales por una jornada ordinaria de trabajo hasta que haya nuevo Gobierno, y algo parecido sucederá con las pensiones o con la retribución de los empleados públicos pactada hace dos años entre el Gobierno del Partido Popular y los sindicatos de la función pública
