El ingreso mínimo vital era una medida contemplada en el pacto de gobierno, pero que se adelantó precisamente por la emergencia social que iba a dejar tras de sí la pandemia. Cuando se aprobó, el 29 de mayo, se calculaba que beneficiaría a 2,3 millones de personas —850.000 hogares—, pero está tardando más en llegar a los familias de lo que han tardado en acabarse los ahorros.
Según datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Servicios Sociales a raíz de una petición de información de la Asociación Víctimas del Paro, hasta el 7 de agosto solo se han aprobado 3.966 solicitudes para este subsidio, además de las 74.100 que se dieron de oficio el 26 de junio. El volumen total de peticiones llegaba a mediados de julio a las 510.000, según el ministro Escrivá, quien calculaba que la mitad serían denegadas. No hay datos más recientes, pero incluso en un escenario en el que no lo hubiesen pedido más personas durante esas tres semanas —algo altamente improbable—, solo el 0,7% de los casos habría sido aprobado. Y si tan solo la mitad fuesen positivas, como estiman desde el ministerio, solo habría llegado al 1,5% de los que tienen derecho a recibirla desde que se abrió el plazo, el 15 de junio.
