La justicia acorrala a Podemos por delitos fiscales. El Tribunal de Cuentas considera que debe ser la justicia ordinaria quien investigue la contabilidad de Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril de 2019 en la facturación de servicios con la consultora Neurona Consulting.
La judicialización se produce después de que el fiscal, Miguel Ángel Torres Morato, aprecie dos tipos de delito en los servicios facturados a Neurona «al no estar suficientemente acreditado su elaboración por parte del proveedor» y sopesa que el contrato pudo ser simulado.
Según documentos internos remitidos a la sección de fiscalización del departamento de partidos políticos, a los que ha tenido acceso la Cadena SER, el fiscal entiende que hay «hechos que permiten fundamentar la existencia de indicios de la comisión de un delito de fraude electoral (Art. 149.1 de la LOREG) y otro de falsedad en documento mercantil (Art. 392.1 y 390.1 del Código Penal). «Dado que este tribunal carece de competencias para el conocimiento de tales infracciones penales», continúa, pide que dichos pagos a Neurona se investiguen vía penal.
Para el fiscal, los 290.000 euros facturados a Neurona analizados durante la fiscalización de los comicios del 28-A «no tienen consideración de gasto electoral» (artículo 130 de la LOREG) y, por tanto, no han sido admitidos como «susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales».
La razón es que la consultoría tenía «naturaleza preparatoria», es decir, no son gastos propiamente de campaña. Y aunque «en la fiscalización se aportaran vídeos y diseños publicitarios» por parte de Unidas Podemos para justificar los pagos, «no ha quedado suficientemente acreditado» que lo elaborara el proveedor, Neurona Consulting.
