El Gobierno de España ha admitido públicamente que los costes ocasionados por los tres asistentes de Juan Carlos I, que actualmente vive en Abu Dabi, son asumidos por Patrimonio Nacional.
Desde Moncloa han defendido que el rey emérito no dejó de disponer nunca de sus tres ayudantes de cámara tras su abdicación en 2014, «de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente», añadiendo que a petición de la Casa del Rey el Estado asume la factura, «siguiendo la tramitación habitual».
