El Gobierno español prevé instalar el sistema de pago en la red de carreteras del Estado, respondiendo a los principios de «quien contamina paga» y «el que usa paga».
El texto señala que la principal razón para este cambio es el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras: «Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios».
Además, el Gobierno explica que el sistema podría ser «escalable y progresivo», es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad y que se extienda de forma progresiva a otras redes. Por lo tanto, queda abierta la posibilidad de que cualquier vía pueda ser de peaje.
