El Grupo Vasco en el Congreso ha defendido hoy ante el Pleno la capacidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco de legislar en materia de vivienda y ha denunciado, en consecuencia, la intromisión en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas en que incurre el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda presentado por el Gobierno español. “Las políticas de vivienda de Euskadi y para Euskadi se hacen en Euskadi”, ha reivindicado el diputado jeltzale Iñigo Barandiaran en defensa de la enmienda de totalidad de devolución presentada por EAJ-PNV. Precisamente, Barandiaran ha justificado la devolución del Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda en que esta norma “pretende sustituir a las Comunidades Autónomas”.
“El Congreso no está habilitado para proceder a la uniformización de las políticas legislativas autonómicas en vivienda, precisamente porque la Constitución ha garantizado la diversidad normativa y, con ello, la potestad legislativa autonómica incorporando al modelo constitucional la acción política”, ha asegurado Barandiaran.
Durante su intervención, el diputado jeltzale ha señalado que EAJ-PNV es “muy consciente del problema de la vivienda: de la insuficiencia de su oferta y sus consecuencias; de la carestía de los precios de alquileres que, sobre todo, afecta a la población joven; de las deficientes condiciones de accesibilidad en materia de vivienda para la tercera edad o los sectores desfavorecidos social y económicamente”. Y, como prueba de ello, Barandiaran ha recordado la legislación aprobada en la CAPV y en la CFN en esta materia. “Estamos comprometidos con tomar medidas que alivien esta situación a través de los hechos”, ha asegurado.
En esta línea, el diputado del Grupo Vasco ha preguntado si “no le vale al Gobierno que la ciudadanía se haya dotado de los marcos regulatorios” en materia de vivienda a través de la legislación autonómica, y ha recordado el informe del Consejo General del Poder Judicial que denunció también excesos competenciales en la norma estatal.
“La garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada a que se refiere el artículo 47 de la C.E. compromete a todos los poderes públicos, pero su ejercicio tiene una clara delimitación constitucional que no autoriza al Estado a la superposición de su iniciativa legislativa sobre la preexistente o posible de la legislación autonómica, a la que en gran medida viene a pretender sustituir de forma innecesaria”, ha insistido.
Por último, Iñigo Barandiaran ha puesto de manifiesto las contradicciones en las que incurren formaciones políticas como EH Bildu y PSE, que firmaron un acuerdo presupuestario en la CAV con EAJ-PNV por el que aseguraban que era necesario un “pequeño paraguas normativo que permitiera la regulación propia en Euskadi y por el Parlamento Vasco de los precios de los arrendamientos”. “Lo que contempla este Proyecto de Ley es una regulación tan exhaustiva de las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de alquiler que, lejos de la voluntad del Parlamento Vasco, y muy lejos también del compromiso adquirido por los partidos firmantes de aquel acuerdo, incide directamente en las competencias de la CAPV”, ha lamentado.
