La polémica por la rebaja de penas que ha causado la nueva ley de ‘solo sí es sí’ podría tener consecuencias políticas, como la destitución de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Cada vez son más las voces que se alzan contra este eslabón más débil, sin duda, que Irene Montero.
Es más, desde varias instancias del Ejecutivo y hasta de su propio partido, señalan a Rosell como la responsable última de las enormes grietas de la ley, pero, sobre todo, como el chivo expiatorio que ofrecer ante una de las crisis más graves por las que ha atravesado el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
Considerada la autora material de la ley, la jueza Victoria Rosell se ha puesto en contra hasta a Juezas y Jueces para la Democracia, organización de la que ella misma era miembro, ya que no tuvo inconveniente en defender la idoneidad de la ley y echar las culpas a sus antiguos compañeros de la judicatura y se plantó alegando que el texto no se tocaba. Además, criticó a la prensa por informar de aquellos abogados dispuestos a pedir la revisión de la pena para sus defendidos.
