Hoy ha entrado en la reforma por la que el delito de sedición desaparece del Código Penal para convertirse en «desórdenes públicos agravados» y que reduce también algunas penas del delito de malversación.
Este cambio obligará al Tribunal Supremo a revisar la sentencia que condenó a algunos de los líderes políticos que encabezaron el proceso independentista catalán de 2017.
