Tras manifestar que «no podía más» con su situación laboral, el joven Luis Enrique Soriano se quitó la vida en la empresa de Azpeitia en la que trabajaba. El sindicato ESK defendió desde el minuto uno que la precariedad fue determinante en el desenlace y por ello llevó el caso a los juzgados para que el fallecimiento fuera considerado un accidente laboral.
El juicio estaba previsto para finales de este mes, pero el proceso judicial ha quedado suspendido como consecuencia de un acuerdo alcanzado esta semana por las partes. Los abogados de los familiares de Soriano y representantes de la empresa han acordado que la empresa deberá indemnizar a la familia del joven «por los daños morales y materiales causados».
