Dos personas han sido detenidas por la Policía Nacional en la capital guipuzcoana, acusadas de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad, por contratar fraudulentamente a cuatro mujeres que estaban siendo prostituidas para que lograran el permiso de residencia en España.
Las investigaciones comenzaron en mayo del pasado año, cuando los investigadores del Grupo Operativo de Extranjeros de Donostia llevaron a cabo un control preventivo contra la trata de seres humanos en un piso de Irun en el que, a través de páginas de internet, se ofertaban servicios sexuales con mujeres orientales.
En la inspección inicial, los agentes se percataron de ciertos indicios que apuntaban a que las chicas que se hallaban en él podrían estar siendo explotadas sexualmente, al presentar un gran hermetismo ante la presencia policial y un desconocimiento total de nuestro idioma, por lo que, para confirmar estas sospechas, realizaron cuatro inspecciones más: dos en agosto y diciembre del 2022 y otras dos en mayo de este año.
Tras estas cinco inspecciones y las pesquisas oportunas, los investigadores concluyeron que dos explotadores, una ciudadana china que hacía las veces de madame controlando a las mujeres desde el piso y gestionando el teléfono al que llamaban los clientes, y un ciudadano francés residente en Hendaya, estaban prostituyendo coactivamente a mujeres de origen chino, por lo que, a lo largo del mes de julio, procedieron a su detención y puesta a disposición judicial.
Paralelamente a estos arrestos, los agentes analizaron la forma de regularización de las víctimas, descubriendo que cuatro de ellas habían obtenido permisos de residencia por circunstancias excepcionales alegando razones de arraigo gracias a contratos laborales suscritos con dos ciudadanos chinos o con sociedades limitadas en las que estos mismos ciudadanos eran administradores solidarios.
Tras fijar el foco en esta nueva rama de la investigación, también analizaron los expedientes de extranjería de las diferentes Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno donde se habían solicitado estos permisos de residencia. Se constató que ninguna de las jóvenes había realizado actividad laboral para la que habían sido contratadas y que durante las fechas de los contratos estaban siendo explotadas sexualmente en varios pisos de Gipuzkoa.
Por todo ello, el 5 de octubre se procedió a la detención de estos dos empresarios, una mujer y un hombre chinos, que fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia.
