El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda o alojamiento dotacional que entrará en vigor el próximo 25 de octubre.
La norma reconoce el derecho que tienen las personas con riesgo de exclusión social a ocupar una vivienda «o un alojamiento digno» en régimen de alquiler o en su defecto a una prestación económica que facilite el pago mensual de un arrendamiento en el mercado libre, y la obligación del Gobierno autonómico de satisfacerlo.
Los requisitos para solicitar dicha prestación apenas variarán respeto a la prestación que facilita ahora: ser mayor de edad o persona menor emancipada, haber vivido en Euskadi al menos durante un año de forma ininterrumpida, carecer de vivienda y ser solicitante de Etxebide durante al menos tres años y no superar los ingresos máximos de 13.000 anuales para personas solas, 17.000 anuales para dos personas o 19.000 anuales para tres personas o más.
Eso sí, la ayuda a partir de ahora tendrá carácter indefinido y se mantendrá mientras se cumplan los requisitos, mientras que hasta ahora, la prestación complementaria se concedía por un plazo máximo de dos años. Además, se han elevado los ingresos máximos exigidos para equipararlos a los establecidos en la ley de la RGI. Y, por último, se pide un año menos de inscripción en Etxebide, bajando de cuatro a tres.
El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha subrayado que las posibles personas beneficiaras tendrán que solicitar esta nueva ayuda, que sustituirá a la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) a partir del próximo 2 de abril. El Gobierno Vasco ha establecido un plan transitorio para que quienes reciben esa prestación pasen a cobrar esta ayuda. Así las personas a las que se les extinga la PCV pasarán a cobrar automáticamente la PEV durante un año, plazo en el cual deberán solicitar el derecho subjetivo a la vivienda.
