Suspendido el derribo del gaztetxe kortxoenea

La demolición del gaztetxe Kortxoenea, ubicado en la calle Indianoene de Ulia del barrio de Gros, ha quedado paralizada después de que ayer el Ayuntamiento comprobase que no se había colocado ningún vallado de seguridad para ejecutar la obra.

Por la mañana operarios y ertzainas se personaron en el lugar para desalojar a las personas que se encontraban en la antigua fábrica de corchos, reconvertida en local de actividades juveniles desde hace cinco años para demostrar su desacuerdo con la operación, hecho que volvió a repetirse por la noche y que resolvió la presencia de la Ertzaintza.

El edificio, según los planes aprobados por el Ayuntamiento en la pasada legislatura, será demolido y en su lugar se construirá un bloque con 21 viviendas, garajes y trasteros. El edificio es propiedad de una promotora desde que la ikastola Zurriola, la anterior propietaria, se lo vendió. Antes había sido la conocida fábrica Chapas y Corchos Ordóñez.

Tras el inicio, posteriormente abortado, del derribo, el grupo municipal de EH Bildu difundió un comunicado en el que aseguraba que la obra no cumplía las condiciones administrativas establecidas en la autorización municipal, ya que no se no se había establecido un perímetro de seguridad y tampoco existe orden de desalojo. Posteriormente, el Gobierno municipal informó de que quedaba suspendida temporalmente la actuación “tras constatar que no se cumplían algunas de las condiciones o requisitos para el inicio de la obra”.

A pesar de ello, el Ejecutivo liderado por Eneko Goia recordó que el derribo del pabellón de Kortxoenea está contemplado en un proyecto urbanístico de reparcelación de la zona de Manteo y la calle Indianoene, que fue aprobado en la pasada legislatura dirigida por Bildu y volvió a aclarar que el propietario de la parcela es quien tiene “la responsabilidad y el derecho sobre la citada edificación”. También, añadió que el promotor solicitó el derribo del pabellón y que, como cumplía todos los requisitos legales, el área de Urbanismo firmó la autorización el 14 de julio. “El Ayuntamiento no tiene por tanto ninguna responsabilidad ni jurisdicción sobre el edificio”, señaló.