La Ley de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca aprobada hoy recoge que las administraciones públicas tendrán que reducir el consumo de energía en un 35% para el año 2030 y en un 60% en el horizonte de 2050.
La nueva legislación recoge que al menos un 32% del consumo de cada administración proceda de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables instaladas en los mismos edificios. Asimismo, la ley exige que el 100% de los vehículos que adquieran estas instituciones deberán utilizar combustibles alternativos a partir de 2020.
Todos los edificios deberán disponer de un Certificado de Eficiencia Energética y todas las administraciones tienen que elaborar un plan de actuación energética con un diagnóstico en el que se desglosen las fuentes de consumo y las medidas de sostenibilidad energética acordes a lo dispuesto en la ley.
Además, plantea que los municipios podrán prohibir o restringir el acceso a determinadas zonas de vehículos que no usen combustibles alternativos o que sobrepasen determinados niveles de emisión.
Y los edificios de nueva construcción de titularidad pública tendrán que contar con puntos de recarga de vehículos eléctricos y espacios para facilitar el aparcamiento de bicicletas.
En el ámbito privado los sectores industrial, de servicios y comercio tendrán que realizar auditorías energéticas de sus equipos, edificios, sistemas de calefacción y refrigeración, parque móvil y alumbrado para adoptar medidas de ahorro e incorporar instalaciones renovables.
Asimismo los centros en los que trabajen más de cien personas por turno deberán disponer de un plan de transporte que incluya medidas que hagan posible el uso del transporte público y el consumo de hidrocarburos deberá reducirse para que a partir de 2031 sean sustituidos por fuentes energéticas menos contaminantes.
En el sector residencial, los edificios que dispongan de instalaciones centralizadas de producción de calefacción y agua caliente deberán tener sistemas de contabilización de consumos individuales.
