La madre de Sara Majarenas, cuya hija Izar fue apuñalada por su padre en enero de 2017, ha denunciado que ambas viven «con miedo» y bajo «vigilancia y control» policial debido a que en febrero el progenitor quedó en libertad provisional por haber cumplido los dos años en espera de juicio que fija como máximo la legislación.
En su auto, el Juzgado de Instrucción 2 de Picassent estableció una serie de medidas cautelares, entre ellas, la prohibición de acercarse o permanecer en Euskadi, dado que las perjudicadas residen en Donosti, y la obligación de llevar una pulsera telemática que emite una alerta si se acerca a menos de 500 metros de ellas.
Estas medidas cautelares acarrean que Majarenas tenga que llevar permanentemente otro dispositivo para estar «todo el tiempo localizada» y cargar su batería cada 8 horas, además de no poder cruzar la frontera sin avisar, ni salir de Euskadi «por miedo».
La pequeña Izar por su parte, que ha cumplido recientemente 5 años, «está también vigilada» y es acompañada por efectivos de la Ertzaintza tanto a la entrada como a la salida de la ikastola.
Además, la madre de Majarenas ha explicado que en los casi cuatro meses transcurridos desde que el progenitor de Izar quedó en libertad, éste «se ha desconectado en tres ocasiones», al parecer, porque «no se ha puesto el dispositivo o no lo ha cargado», por lo que ha permanecido ilocalizable durante media hora las dos primeras veces y más de tres la tercera.
Cuando esto se ha producido, «siempre al anochecer» y «en el momento de acostar a la niña» – que sufre de angustia y aún está en tratamiento psicológico-, Sara Majarenas recibe la alerta de la Ertzaintza de que permanezca acompañada, lo que la obliga a «buscar a alguien» con urgencia para que acuda a su casa a estar con ellas, hasta que les avisan de que el agresor vuelve a estar localizado.
