Después de que la Comisión Europea se pronunciará en 2017 señalando que las multas impuestas por España a quienes no declaran correctamente sus activos en el extranjero son «desproporcionadas», «discriminatorias» y «están en conflicto con las libertades fundamentales de la UE», ha acudido al Tribunal de Justicia comunitario.
Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado incompatible con el derecho de la Unión las normas españolas que obligan a declarar bienes en el extranjero bajo amenaza de fuertes sanciones. Según establecen las normas comunitarias, las consecuencias de incumplir con la normativa española son «desproporcionadas».